 |  |
Por Ignacio Falcón, secretario de la Fundación Apolo Bases para el Cambio, miembro del Foro del Sector Social.
La advertencia publicada por La Nación bajo el título “Las ONG en riesgo: el caso de Fundación Pro Vivienda Social” (3 de noviembre de 2025) no es un episodio aislado. Es un ejemplo más dentro de una serie de situaciones judiciales que están comprometiendo seriamente la estabilidad y continuidad del tercer sector en la Argentina. Lo que allí se describe no afecta únicamente a una organización en particular: revela una falla estructural del marco normativo vigente.
Las asociaciones civiles, fundaciones y entidades religiosas no constituyen empresas tradicionales. No existen para maximizar utilidades ni distribuir dividendos. Existen para cubrir vacíos donde el Estado no llega o llega tarde: acceso a la vivienda, asistencia alimentaria, salud comunitaria, lucha contra la corrupción, promoción de derechos humanos, acompañamiento a personas vulnerables y múltiples servicios comunitarios cotidianos.
La gran mayoría de estas organizaciones no cuenta con subsidios ni con convenios estables con el Estado. Su sostenimiento depende fundamentalmente de aportes voluntarios, cuotas sociales y donaciones que deben gestionarse de manera constante. No hay rentabilidad que absorba contingencias ni margen que permita trasladar costos. Cada erogación indirecta, cada carga adicional, cada impuesto que impacta sobre su funcionamiento es dinero que deja de destinarse al cumplimiento de su misión. Es dinero que deja de cubrir un vacío que el propio Estado no está cubriendo.
Generar ingresos en el tercer sector es una tarea incierta y permanente. Requiere campañas de financiamiento, compromiso comunitario y una administración extremadamente prudente de recursos escasos. Cada peso tiene destino asignado. Cada gasto repercute directamente en la continuidad de programas sociales.
Cuando se aplican mecánicamente reglas concebidas para estructuras empresariales antiguas, con lógica de rentabilidad, el impacto es desproporcionado. No se afecta a un accionista. Se pone en riesgo la continuidad de comedores, proyectos de vivienda, , programas de acompañamiento escolar o asistencia comunitaria.
En este contexto, resulta inevitable señalar que se perdió una oportunidad histórica cuando la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno nacional no contempló la situación específica del tercer sector.
Desde la Fundación Apolo y el Foro del Tercer Sector estamos impulsando un proyecto de ley que crea un Régimen Especial de Trabajo para asociaciones civiles, fundaciones y entidades religiosas que suplen o complementan funciones estatales esenciales. La propuesta parte de una premisa clara: aquí no hay fuerza de trabajo al servicio de una patronal que persigue lucro. Hay trabajo al servicio de la sociedad en su conjunto. Los recursos no se distribuyen; se invierten. La finalidad no es la ganancia, sino el bien común.
El proyecto garantiza formalización laboral, seguridad social plena y derechos básicos para los trabajadores, pero introduce previsibilidad y reglas adaptadas a la naturaleza no lucrativa del sector, permitiendo que las organizaciones puedan sostener empleo formal sin comprometer su misión.
Si queremos una Argentina con más inclusión, más transparencia y más comunidad organizada, debemos construir un marco jurídico que fortalezca al tercer sector en lugar de exponerlo a riesgos que pueden resultar irreversibles.
Ignacio Falcon
Ignacio Falcón es abogado (UBA), LL.M. por Boston University School of Law y Máster en Administración, Economía y Derecho de los Servicios Públicos (Universidad del Salvador / Universidad Carlos III de Madrid / Université Paris Nanterre). Secretario de Fundación Apolo Bases para el Cambio y miembro de Gender Equity & Reconciliation International (GERI Internacional).